La coalición responde al informe del día 1° por Gustavo Díaz Ordaz (breve resumen)
La Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráticas emite respuesta a las pretendidas explicaciones del origen y motivaciones del Movimiento Estudiantil expresadas el día 1o por el presidente.
En correspondencia con las formas inequitativas del desarrollo económico, cuando en momentos críticos se manifiestan corrientes que buscan un régimen democrático real y no formal, y se hacen evidentes las contradicciones profundas del sistema, se suplantan los intereses sociales por los intereses de los grupos en el poder y se hacen expeditos los caminos hacia un régimen de fuerza haciendo uso de ejército y policías. El informe presidencial revela ante todo la decisión de establecer la línea dura del régimen político.
En el informe no sólo se pretende justificar las constantes acciones anticonstitucionales del ejército por mandato presidencial, sino también dar público reconocimiento de su labor de represión. Las tácticas que, en general, se consideran más eficaces para liquidar las manifestaciones populares son: la represión, el terror, la confusión, la corrupción y el desprestigio.
Se trata de explicar el surgimiento del movimiento como resultado de la “imitación extra lógica” maliciosamente y con miras a su desprestigio. Y la acción represiva ¿es una imitación de lo que gobiernos de otros países hicieron o actúan en la misma forma porque responden a la salvaguarda de intereses similares que se oponen a los intereses populares?
Las violaciones de la autonomía universitaria son un resultado directo de la represión de las ideas. La Universidad cumple una función política, ya que la educación, la ciencia y la técnica son elementos básicos en la lucha por la independencia y el desarrollo. La autonomía de todas las instituciones de enseñanza, realmente respetada y no tergiversada, es indispensable para lograr la función creadora y humanamente elevada. Ni la Universidad ni ninguna institución de auténtica cultura, son ni pueden llegar a ser nunca “refugios de delincuentes comunes”.
Si se acepta que a los jóvenes “no les gusta este imperfecto mundo que vamos a dejarles”, hay que aceptar su participación y libre manifestación de todo lo que no les gusta y dialogar con ellos tal y como lo han demandado hasta el cansancio.
Atribuir la dificultad de resolver el conflicto a las fuerzas internas y externas que lo agravan ¿no revela el prejuicio o, más bien, la predisposición para no exponer las raíces profundas del fenómeno de indignación popular? O tipificar la acción estudiantil como mero instrumento de otros intereses ¿no muestra la necesidad de resolver el conflicto mediante un régimen de mayor fuerza?.
Aún más falsa y artificiosa resulta la caracterización del movimiento cuando se le relaciona con los Juegos Olímpicos. El asunto de las Olimpiadas no tiene ni ha tenido ninguna relación abierta u oculta con el movimiento democrático en que participamos tanto el CNH como la Coalición de Profesores.
En cuanto a la violencia de que se acusa a los estudiantes, ya nadie ignora que sólo hay violencia cuando intervienen el ejército y las fuerzas policiacas, o bien, cuando grupos de provocadores, a los que el movimiento siempre ha condenado, hacen el juego, con fines mercenarios, a la actividad represiva.
Las referencias hechas en el informe presidencial a las demandas planteadas, solamente atañen a los presos políticos y a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal y falsean lo que el Movimiento pretende al pedir la derogación de los mismos. Se ha tratado de eliminar el instrumento de dominación y aniquilación internas de la democracia ya que, este artículo establece los medios para nulificar cualquier tipo de actividad política que no convenga a los intereses del régimen y del sistema económico y social sobre los cuales se rige, y a los cuales consolida y sirve. Así se explica que varias personas que están en prisión por sus ideas políticas hayan sido consignadas, procesadas y sentenciadas o estén pendientes de serlo, bajo este concepto.
Respecto a la formal denuncia ante el Presidente de la Gran Comisión hecha por esta Coalición y el CNH y referida al resto de las demandas, igualmente justas e importantes, no merecieron atención particular en el informe.
Contra la afirmación hecha por Díaz Ordaz de que no hay presos políticos, afirmamos nosotros que sí existen. La definición válida de preso político es aquella persona que esté privada de su libertad por sustentar ideas políticas contrarias al régimen y actuar en consecuencia, pero a la que, en virtud de que esto no puede perseguirse constitucionalmente, y para satisfacer el procedimiento judicial, en realidad ilegal, se le acusa formal pero ficticiamente de delitos políticos y delitos comunes.
Razones que justifican nuestra demanda: a través de nuestra historia se ha señalado como factor determinante de los desequilibrios y contradicciones, a las deficiencias de la educación, evadiendo el hecho profundo de fallas en el sistema económico, político y social, que producen los grandes desequilibrios e injusticias sociales. Las reformas sólo al sistema administrativo y reformas educativas abstractas son estériles. Este Movimiento nos ha enseñado que la educación que exigen las nuevas generaciones debe basarse en la confrontación sistemática con la realidad, en el análisis de los principios, y en su permanente aplicación a la realidad misma para transformarla.
El CNH ratifica su disposición al diálogo en declaración cursada a las autoridades, y recuerda lo dicho por el secretario de Gobernación el 22 de agosto, que la proposición incluye fijar condiciones para el diálogo, que “ha quedado en el vacío” y define como diálogo público “aquel en el que el contenido de las argumentaciones de ambas partes sea conocido por todos los estudiantes, profesores y pueblo en general a través de los medios de difusión, y que se realice en condiciones que permitan que los representante de ambas partes puedan poner a consideración de sus representados las posiciones expresadas. El comunicado concluye que si esta proposición no es considerada conveniente por el Poder Ejecutivo, el CNH está dispuesto a discutir otras proposiciones para las pláticas, siempre y cuando sean públicas y que cese de antemano la represión.