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El ejército ocupa Ciudad Universitaria

A las 10 pm unos diez mil soldados en carros blindados de asalto, jeeps, camiones y automóviles, al mando de los generales José Hernández Toledo y Gonzalo Castillo Urrutia ocuparon Ciudad Universitaria. Arrestaron alrededor de mil 500 estudiantes, maestros y padres de familia, entre ellos la directora de la Facultad de Economía Ifigenia Martínez. Los soldados allanaron algunos recintos con violencia, como en rectoría, rompieron un cristal de la puerta de entrada.

El magnavoz colocado en la Torre de Humanidades desde el principio del Movimiento y por el que se difundían llamados, informes y música con su eslogan de identificación: “Esta es Radio Filosofía y Letras, transmitiendo desde CU, primer territorio libre de México” siguió oyéndose hasta cerca de las 10:30 cuando los soldados lo desconectaron. Más o menos a la misma hora, Radio UNAM, cesó sus transmisiones.

Los detenidos fueron llevados frente a rectoría y obligados con las bayonetas caladas a mantener sus manos en la nuca o acostarse con los brazos extendidos. Cinco soldados arriaron la bandera que el rector izó a media asta el 29 de julio. Ordenaron a reporteros y fotógrafos que salieran de CU que estaba totalmente rodeada por el ejército.

Gobernación entregó un boletín para justificar el allanamiento de CU por el ejército, en el que acusa de actos antisociales y posiblemente delictuosos, de ocupación ilegal de edificios propiedad de la nación y usados ilegalmente por distintas personas para actividades ajenas a los fines académicos, por desatender las exhortaciones del rector coaccionando a maestros y alumnos que quieren laborar y que se han visto imposibilitados para hacerlo.

“Es facultad y obligación del gobierno mantener el orden jurídico general, que incluye el orden interno universitario, en todo el territorio nacional, del que también la Universidad forma parte” y continúa:

“Por tanto, hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública para desalojar de los edificios universitarios a las personas que no tenían derecho a permanecer en ellos, para hacer entrega a la brevedad posible, a los funcionarios correspondientes, restablecer la autoridad interna y salvaguardar la autonomía, ahora sí violada por quienes han interferido en el ejercicio de las facultades de sus órganos de gobierno e impedido el cumplimiento de la elevada función pública de nuestra máxima Casa de Estudios”.

 

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